6 de febrer de 2011

Declaración de intenciones de Pilar Fernández Bozal

  
  
  
La Vanguardia sigue entrevistando a las nuevas Conselleres. Hoy le toca la vez a la de Justícia.

La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal (Barcelona, 1963), es la gran desconocida del Govern de Artur Mas. Esta abogada del Estado ha sido el primer objetivo de las formaciones independentistas. Un mes después de  asumir el cargo, la consellera explica en su primera entrevista en un medio escrito cuáles son sus nuevos retos profesionales y cómo ha encajado en el Consell Executiu. Sus compañeros, explica con una sonrisa en su despacho, aprovechan los prolegómenos del Consell Executiu para hacerle consultas jurídicas.

Su presencia en el Govern fue una de las sorpresas del president Mas...
Hasta para mí.

¿Cómo se pasa de ser abogada del Estado a participar en un Govern nacionalista?
Mi trabajo como abogada del Estado responde a una coyuntura profesional; desde el punto de vista personal, como catalana, la preocupación por la situación en la que se encontraba el país me hizo dar el paso. Cuando el  president me hizo la propuesta, me pregunté si podía aportar algo para levantar el país y decidí aceptar la responsabilidad.

Y desde entonces su nombre se asocia a un informe contra la consulta soberanista de Arenys de Munt...
Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Nunca comparé las consultas con los funerales etarras. El titular es cañero, pero no es deducible de mi escrito.

¿Sólo era una acción profesional?
Como abogada del Estado visé, por orden del delegado del Gobierno, unas 350 consultas. Colaboramos con los ayuntamientos para que sus acuerdos de apoyo a las consultas se ajustaran a la ley. El éxito de ese trabajo es que no ha habido más recursos.

Pero no se lo perdonan...
En política hay unas reglas del juego y yo las respeto. La oposición puede decir lo que piensa. No lo considero algo personal.

Y personalmente, ¿está a favor de las consultas?
Es una iniciativa civil que me parece bien. El Govern no impulsa las consultas, las respeta y yo participo de esa consideración. Sin ningún problema personal.

¿Votará en la consulta de Barcelona?
No lo sé, falta mucho tiempo, pero es una opción. Ni lo descarto, ni lo puedo asegurar.

¿Qué votaría?
Eso queda para cada persona.

¿Comparte el diagnóstico del president de que Catalunya necesita una transición nacional?
Estamos en un momento de estancamiento en muchos niveles y hay que trabajar para hacer cambios y que el país remonte.

¿Catalunya es una nación diga lo que diga el Tribunal Constitucional?
Sí.

El ex president Pujol considera que la independencia es una vía que tener en cuenta...
Lo asumo como una consideración personal del ex president, que merece todo mi respeto. Tiene su visión después de 23 años de presidencia de la Generalitat.

De momento, el president Mas fija la primera estación en el pacto fiscal ¿Hay encaje jurídico para esa fórmula?
El Estatut nos ofrece herramientas para trabajar en este sentido. El Estado ha de ser consciente de que el propio sistema genera y exige una correcta financiación.

Hay quien recuerda que el concierto económico vasco se basa en derechos históricos no reconocidos para Catalunya...
Hoy no hay que hablar de derechos históricos, sino reivindicar la realidad.

¿Cómo se rearma jurídicamente Catalunya contra lasembestidas de Madrid?
No ha de sugerir una idea de enfrentamiento. Tenemos muchos frentes abiertos, muchos traspasos por culminar. Hay que defender ante las instancias judiciales ordinarias y ante el Constitucional todo lo que consideremos que no está bien resuelto para la administración catalana.

¿Y desde su conselleria?
La prioridad es el traspaso total de las competencias en personal de la administración de justicia. No se puede gobernar la administración de justicia sin culminar ese traspaso.

Pero la sentencia del Estatut recorta temas como el Consell Català de Justícia...
Hay que ver cómo sacar lo máximo de la sentencia. En este viaje no vamos solos, hay estatutos de otras comunidades con el mismo contenido en justicia que no fueron recurridos, como Valencia o Andalucía. El Estado tiene un problema que resolver. Es cuestión de voluntad política.

¿Ha contactado con los estamentos judiciales del Estado?
Me he entrevistado con el presidente del Tribunal Supremo.

¿Y el presidente del Constitucional?
Por teléfono. Tiene muchas ganas de mantener un contacto con nosotros. Habrá una cita pronto. La justicia es de las instituciones menos valoradas, ¿qué se puede hacer para cambiar eso? Implicar a todo el personal. Esto es un equipo. Hay que reconocer el trabajo de la gente, motivarla, generar posibilidades de promoción…

Pero la falta de recursos humanos es el gran problema...
Catalunya exporta personal al resto de comunidades. Los catalanes son poco dados a preparar oposiciones y evitan la movilidad laboral, así que vienen de otras autonomías, los formamos y luego se van. Esto obliga a tener más personal interino. Da inestabilidad al sistema.

¿Saber catalán ha de ser un mérito o un requisito?
Un requisito, evidentemente.

El catalán en la justicia es mínimo...
La gente tiene muy buena voluntad, pero se la ha de formar. El traspaso ayudaría mucho. Formación y estabilidad en la plantilla son esenciales.

¿Dará instrucciones para que se prime el catalán?
Si una persona solicita trato en catalán, se le tiene que dar. No veo motivos para que no sea así. Se empiezan a ver cambios, pero todavía falta mucho.

Los tribunales sí hablan de la normalización lingüística y PP y C's dicen que el Govern no cumple las sentencias. ¿Se quejó el presidente del Supremo?
En absoluto. Dejó claro que Catalunya es una de las comunidades que valoran más el derecho y ejecutan las sentencias.

Tiene órdenes de recortar el presupuesto de la conselleria ¿Por dónde?
Más del 90% va a nóminas y gasto corriente, así que la solución es aplazar las inversiones en edificios judiciales y prisiones. Estamos analizando los  contratos y adjudicaciones hechas para ver cómo retrasar proyectos sin generar gastos de indemnizaciones a los contratistas. Lo que no se verá afectado es el servicio. Se hará más con menos.

Catalunya es la única comunidad con competencias en prisiones. ¿Es un lastre?
Fue un traspaso ejemplar. Se hizo al completo y permite una organización propia. Me gustaría algo  así para la justicia.

El aumento de la población reclusa es un problema, ¿es peor cuando la mayoría son inmigrantes?
El sistema está basado en la rehabilitación y la reinserción es mucho más difícil si el preso inmigrante no cuenta con familia y posibilidades de encontrar trabajo.

¿Cómo se soluciona?
Ya estamos hablando con el Gobierno sobre cómo condenas de determinados delitos pueden cumplirse en el país de origen. Muchas mujeres presas  inmigrantes lo solicitan.

También le toca desarrollar el derecho civil. ¿Le satisface el nuevo Código de Familia?
No descarto una revisión. No me gustaría que el derecho civil catalán acabe siendo excesivamente invasivo.

Tuvo mano izquierda para calmar las protestas de los abogados de oficio. Hacía meses que no cobraban...
Tuvimos la oportunidad y el acierto. No sé cuál era el problema antes de que llegáramos.

¿Hay algo que le haya dejado la consellera Tura que piense: esto no lo haremos así?
Tenemos estilos diferentes. No soy una desconocida en esta administración
aunque al principio pareciera. Poco a poco se verá.
   
   
  

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