Como se anunció en el último Congreso del PSOE, el partido en el poder tiene interés por seguir avanzando en la aplicación de su ideario: Entre otras cuestiones, se contempla la “progresiva” desaparición de símbolos religiosos en los actos oficiales y en espacios públicos. Se dibuja, así, en el horizonte de la presente legislatura, la paulatina imposición de un prejuicio viejo: el de que las creencias pertenecen, como todo lo religioso, al ámbito de lo no racional, sobre lo que no cabe argumentar y llegar a consensos de alcance social, razón por la que debe desterrarse del espacio público.
En esta argumentación se oculta un razonamiento falso, propio de la ideología positivista hoy dominante, que trataré de poner en evidencia. La falacia estriba en una opción inicial arbitraria. Como ha advertido Coseriu, uno de los lingüistas más importantes –si no el que más– de la segunda mitad del siglo XX, se opta antes de todo, en forma tácita, por reconocer como única realidad (o como única realidad de la que se puede razonablemente hablar en términos de verdad) la realidad físico-natural; y se concibe y define la existencia –personal y social– únicamente con respecto a dicha realidad. A continuación se declaran carentes de sentido las afirmaciones que no tienen relación con entes u objetos existentes en el ámbito de esa misma realidad físico-natural. O con enunciado puntual: 1) se opta por admitir como única realidad el mundo físico-natural; 2) se define la existencia como presencia empírica o experimentalmente verificable de un tipo de entes en este mundo físico-natural; 3) se considera entonces que pueden ser sólo verdaderas o falsas las afirmaciones que conciernen a entes existentes con ese carácter; 4) las afirmaciones que no conciernen a tales entes no pueden ser entonces ni verdaderas ni falsas, y resultan, por lo tanto, carentes de significado. Si después se pregunta en sentido contrario: “¿Por qué 4?”, se responde: -“Porque 3”; y “¿Por qué 3?” –“Porque 2”; “¿Por qué 2?” –“Porque 1”, o sea: porque así lo hemos decidido nosotros mismos como axioma desde el principio.
El PSOE, consciente de que la palabra laicismo evoca la postura que vengo exponiendo, la ha sustituido en su programa por laicidad. Pero laicidad significa otra cosa distinta. La Iglesia católica defiende el principio de laicidad, según el cual hay que separar las funciones de la Iglesia y las del Estado, siguiendo la prescripción de Cristo, de dar “al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Lucas 20, 25). Las realidades terrenas gozan, pues, de una autonomía efectiva respecto de la esfera eclesiástica: toda intervención de la Iglesia en este campo sería una injerencia indebida, como afirman los papas. Por lo demás, el hecho de que el ordenamiento político y social goce de autonomía con respecto a las religiones o a los eclesiásticos no significa que sea independiente de todo orden moral. Si es verdad que la actividad legislativa pertenece propia y exclusivamente al Estado, nadie puede negar a la Iglesia ni a los cristianos la defensa de los grandes valores pre-políticos que dan sentido a la vida de la persona y salvaguardan su dignidad. Pues estos valores, como ha recordado Benedicto XVI, antes de ser cristianos son humanos. Un ejemplo: el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, defendido también por muchos que no profesan religión alguna. La auténtica laicidad respeta que cada ciudadano manifieste públicamente las propias convicciones, estén o no inspiradas en creencias religiosas, con tal de que no se hallen en contraste con el orden moral (la apología del terrorismo, por ejemplo, no cumple esa condición) o interfieran en el orden público.
El laicismo, en cambio, hace, del prejuicio de que las creencias personales no deben comparecer en público (y de que deben sustituirse por otras, en función de lo que dicte la ideología dominante en cada momento), una religión de Estado. Este carácter "religioso" del laicismo propicia que vea, en las “otras” religiones o en convicciones no religiosas, competidoras de la única “religión” con derecho de ciudadanía: la decretada por el Estado. Por eso al laicismo le molestan las manifestaciones públicas –y no me refiero sólo a las masivas ni principalmente a ellas– que, del hecho religioso, hacen los ciudadanos en uso de su libertad. Pero, como en diferentes ocasiones afirmó Juan Pablo II, “no se puede cercenar la libertad religiosa sin privar al hombre de algo fundamental”. ¿Todavía quizá estemos a tiempo?
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