
La reforma de la ley del aborto, lanzada desde el Ministerio de Igualdad y atentamente tutelada por la vicepresidenta Fernández de la Vega, introduce dos aspectos que han levantado mucha controversia: que pueda interrumpirse el embarazo sin alegar motivo alguno en las primeras 14 semanas de gestación y que las mujeres de entre 16 años y 18 años, a pesar de ser menores de edad, puedan abortar sin consultar a sus padres, extremo que cuestiona la tutela paterna y que ha suscitado enormes dudas jurídicas. Pese a que son muchas las voces coincidentes en que la ley de despenalización de la interrupción del embarazo hoy vigente en España es francamente mejorable y alberga demasiadas ambigüedades, su puesta al día por parte del Ejecutivo socialista no se ha preparado ni se ha publicitado con la necesaria voluntad de apertura hacia el conjunto de la sociedad, que es mucho más plural y diversa de lo que proyectan las legítimas demandas de aquellos sectores ubicados en la izquierda social y cultural más activa.
Con la plausible intención de modernizar una ley que, tras más de 25 años, ha quedado superada por la realidad, Zapatero emprendió su reforma, pero no desde la centralidad, sino pensando, sobre todo, en la acogida que tendría un proceso de este estilo entre sus bases electorales, especialmente los más jóvenes y las mujeres. Ello ha causado más divisiones que complicidades. Desde el mismo PSOE y sus aledaños también han surgido opiniones discrepantes, incluso críticas, con el proyecto de reforma. La corriente Cristianos Socialistas ha preparado un documento que expone reservas de calado hacia varios puntos de la nueva ley.
La de ayer no fue una manifestación cualquiera. Los ciudadanos que salieron a la calle civilizadamente lo hicieron movidos por sus convicciones, pero también porque quieren ser escuchados y tenidos en cuenta cuando se legisla sobre algo que entienden de interés prioritario. Zapatero es el presidente de todos y le corresponde leer el mensaje que ahora le envía un sector del país. Por otro lado, no debe olvidarse que el PSOE concurrió a los últimos comicios sin incluir la reforma de la ley del aborto en su programa electoral, lo cual obliga, más si cabe, a explorar acuerdos amplios para desarrollar este objetivo, matizando los puntos más controvertidos y poniendo énfasis en el imprescindible equilibrio entre criterios y sensibilidades opuestas.